Abstract
Los países líderes en la producción de aceite de palma (Malasia e Indonesia) y de semillas oleaginosas (Estados Unidos, Brasil y Argentina), se han orientado a las exportaciones, siendo clave en este proceso el apoyo institucional del sector público en la generación y adopción de tecnología. Colombia, por su parte, inició la producción de aceite de palma en los años 60 siguiendo un modelo de sustitución de importaciones caracterizado por altas protecciones, un gran número de pequeños productores y un débil apoyo del Gobierno para el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de su productividad. Desde principios de los 90 el Gobierno Nacional puso en marcha el nuevo modelo de internacionalización caracterizado por la apertura de la economía con una reducción del grado de protección. Durante este periodo el sector empezó a generar excedentes exportables de aceites de palma, que de no exportarse afectarían negativamente la competitividad del sector.Para enfrentar estos nuevos retos, la Ley 138 de 1994 creó el Fondo de Fomento Palmero, FFP, como una institución para obtener recursos del sector palmero destinados a financiar la producción de bienes públicos sectoriales (como la investigación y extensión), tendientes a mejorar su productividad y competitividad. Por su parte, el Decreto 2354 de 1996 organizó el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, FEP Palmero, el cual busca financiar con sus propios recursos la estabilización de los precios de los aceites de palma al productor e incrementar sus exportaciones, en el marco establecido en la Ley 101 de 1993, para los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros.Este documento hace un balance de los logros de estas dos instituciones (FFP y FEP Palmero) durante las últimas dos décadas, cuyos hitos son: 1) la recaudación de los recursos aportados solidariamente por el sector palmero; 2) la institucionalización para la producción de bienes públicos de interés general del sector; 3) la transparente rendición de cuentas a las organizaciones palmeras y al sector público; 4) la recopilación y distribución de información de carácter económico y técnico de escala global para mejorar la toma de decisiones de los productores; 5) la producción de investigación científica en palma de aceite y sus procesos; 6) avances en el manejo de la sanidad del cultivo; 7) progreso en la extensión a los productores que ha permitido el cierre de brechas productivas; 8) avances en sostenibilidad económica, social y ambiental; 9) la implantación de instrumentos para una comercialización fluida en los mercados internos y externos; y 10) la ampliación del mercado local, a través de la incorporación de aceite de palma en la producción comercial del biodiésel en Colombia, entre otras acciones.A pesar de los logros enumerados, el sector enfrenta retos para garantizar su competitividad y sostenibilidad. Actualmente, la inversión pública del Gobierno Nacional en bienes públicos de interés sectorial en palma de aceite continúa siendo débil frente al esfuerzo que ha hecho el sector palmero con los recursos de los dos fondos mencionados; de suerte que si tales recursos desaparecen, se pondría en riesgo el desarrollo del sector y su impacto en las regiones. Por lo anterior, se recomienda continuar con el financiamiento de recursos parafiscales palmeros para producir los bienes públicos sectoriales y que el Gobierno Nacional, a su vez, incremente su inversión, especialmente para el financiamiento de investigación y extensión.