Abstract
El caso de Palmas del Cesar se desarrolló a finales de 2019, una época de circunstancias rápidamente cambiantes en la industria mundial de la palma. El estudio1 se adelantó en momentos en que las preocupaciones ambientales ligadas a la deforestación en Malasia e Indonesia, países que producen el 85 % del aceite de palma del mundo, habían aumentado de manera notoria, a las que se les añadía crecientes cuestionamientos a las prácticas laborales en esta región del mundo. En este contexto, muchos países consumidores de aceite de palma han venido demandando el estricto cumplimiento de estándares internacionales sobre prácticas ambientales y sociales, muchas de ellas exigidas mediante certificaciones como las que expiden la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible  (RSPO) y Rainforest Alliance.